Por Enrique M. Martínez
Presidente del INTI.
Había decidido no involucrar al INTI en la discusión del arancel a la importación de celulares y otros equipos electrónicos (el llamado impuesto tecnológico), pero dado el giro que ha tomado el trámite del proyecto, me parece pertinente y necesario.
Ya en 2006, presentamos a la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, la idea de un posible impuesto a la importación de celulares, destinando lo recaudado al INTI, como modo de mejorar la financiación del organismo que presido, pudiendo a la vez recorrer un camino de fortalecimiento de la industria electrónica nacional. En aquel momento un arancel del 10 por ciento significaba recaudar 100 millones de dólares, lo cual permitía triplicar el aporte del Estado a nuestra institución. ¿Para qué? Pues para ampliar sustancialmente nuestra posibilidad de ayudar a desarrollar la oferta nacional de bienes industriales, que tienen una histórica balanza comercial negativa, que ronda los 10 mil millones de dólares por año.
En ese momento se eligió otro camino para mejorar nuestro presupuesto, en términos que aún hoy agradecemos, pero mucho más modestos que lo que se aspiraba. Desde entonces, la idea fue trajinada por varios ámbitos del Estado nacional, sin éxito, a pesar de que no hace otra cosa que copiar la política brasileña de gravar ciertas actividades
-giro de regalías y utilidades al exterior, producciones extractivas- para con esos impuestos específicos promover el sistema científico-técnico del país.
Cuando apareció el proyecto del llamado "impuesto tecnológico" se nos hizo evidente que es un proyecto débil, ya que busca proteger a los fabricantes de Tierra del Fuego, pero no diseña una política que impulse a sumar tecnología al sistema aumentando el contenido nacional de los productos. Sin embargo, nos pareció que lo mejor es enemigo de lo bueno y creímos valioso aguardar el dictado de una ley que conserve el trabajo fueguino, para luego acordar con esa gobernación un esquema de colaboración para mejorar la integración local de las manufacturas. Este horizonte ya se comenzó a hablar con las autoridades provinciales.
Al presente, sin embargo, nos parece que es necesario mostrar nuestra opinión, porque el lobby importador puede confundir a la ciudadanía y con ella a funcionarios y legisladores, privilegiando una mirada de un país de consumidores sin industria, que ya hemos transitado y que es
suicida.
Una adecuada planificación puede permitir sumar tecnología a la industria pequeña y mediana nacional, para que atienda con holgura no sólo las necesidades de muchos componentes de la industria fueguina de bienes electrónicos de entretenimiento y de celulares. También la de sistemas como el boleto magnético o las antenas, conversores y transmisores para el futuro sistema de televisión digital, o tantas otras novedades electrónicas que se incorporan todos los días a la sociedad de consumo. Pero eso necesita tiempo y recursos. Y es legítimo que buena parte de esos recursos surjan de impuestos específicos a la importación de bienes del sector, que de ninguna manera podrían desalentar su uso, sino que son simplemente una transferencia de ingresos, pautada desde el consumo hacia la
producción.
En este caso, la ley adecuada sería aquella que fijara aranceles adicionales que tuvieran como destino organismos como el nuestro. Pero el proyecto en tratamiento es elementalmente sensato y en todo caso es un paso previo a la construcción del escenario óptimo.
Quienes insisten con consumir sin producir deben dejar de ser escuchados. Para siempre. |
